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domingo, 1 de marzo de 2009

REFORMA ADMINISTRATIVA Y PENITENCIARIA


REF0RMA ADMINISTRATIVA O CARCELARIA EN EL INPE

El incremento de la población penal supera el 10% anualmente, y que en la actualidad podría existir cerca de 30 000 reclusos en todas las cárceles del Perú; de los cuales sólo el 35% son sentenciados.

Si bien es cierto, que en los últimos años se han construido más cárceles, preferentemente de máxima seguridad, también es cierto, que ante la existencia de la sobrepoblación penal existe un gran hacinamiento en las cárceles, a pesar de las medidas adoptadas referente a la despenalización de los procesos, entre ellas podemos mencionar, los beneficios del 2 por 1, y sobre el traslado de las audiencias a la prisión.

La Defensoría del Pueblo ha estimado que el 65% de los internos se encuentran en calidad de procesados, sin embargo, el INPE y el Poder Judicial mencionan otros porcentajes. Por ello considero que sería necesario realizar un CENSO PENITENCIARIO Y CRIMINOLOGICODE A NIVEL NACIONAL, con la participación del INPE, DEFENSORIA DEL PUEBLO, MINISTERIO DE JUSTICIA, PODER JUDICIAL, RENIEC E INSTITUCIONES CIVILES, que permitirá garantizar el éxito del censo.

Desde hace muchos años se habla de la reforma penitenciaria, con la finalidad de enfrentar el alto grado de corrupción en los penales. Uno de los objetivos fue la despenalización, sin embargo, no ha dado resultados, porque muchos de ellos regresan rápidamente al penal por reincidencia.

Todos conocemos que para llevar a cabo una VERDADERA REFORMA PENITENCIARIA es necesario la inversión en infraestructura, capacitación al personal del INPE, una mejor remuneración a los agentes penitenciarios para frenar la corrupción, y también habrá que considerar una clasificación idónea de los presos en los penales.

Considero que nunca se ha iniciado la reforma penitenciaria en los últimos 25 años, simplemente, se realizado reorganizaciones administrativas del INPE. No existe una reforma penitenciaria sustantiva, en lo referente a los asuntos internos y sobre el tratamiento del interno.

Los grandes problemas de las cárceles no podrán resolverse de ninguna manera, modificando las estructuras del INPE; es necesario considerar los factores sociales, económicos y políticos.

La capacidad de las cárceles sólo permitiría en el mejor de los casos albergar unos 15 000 presos, en la actualidad existe un déficit, siendo la máxima expresión la prisión de Lurigancho que fue construida para 1700 y que ahora supera los 7 000 internos, es decir, más del 300%, existiendo a no dudar un alto hacinamiento.

Durante el gobierno de Fujimori y Toledo se han construido penales preferentemente de alta seguridad. Hay que precisar los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, secuestros, robos agravados y violaciones son los de mayor incidencia, y que lógicamente tendrán un mayor período en las cárceles.

Hay otros aspectos que se deben considerar, entre ellos la alimentación, salud y demanda de todas las necesidades de los internos. El presupuesto de alimentación es ínfimo, y que en muchos penales sólo permitiría una alimentación al día. Pero además tenemos el caso de los enfermos de SIDA y tuberculosis y con problemas psiquiátricos que son atendidos deficientemente dentro de los programas del Estado. Pero hay otras necesidades, tales como: instrumental quirúrgico y medicinas.

Nadie duda de la falta de comunicación que existe entre el INPE y el Poder Judicial, pero también se conoce que los responsables del INPE impiden a los magistrados y comisionados para que cumplan con sus funciones. Desconocemos si el Poder Judicial al emitir una condena comunica inmediatamente al INPE para que registre en la ficha de interno su condición jurídica.

¿Quién defiende los derechos humanos de los presos en el Perú?

Los medios de comunicación informan que la situación de los derechos humanos en nuestro país ha mejorado mucho, pero en la práctica las violaciones a los derechos humanos continúan siendo un problema grave y en forma permanente. Existen muchos presos inocentes que fueron condenados sin respetar las garantías procesales mínimas, y lo que es peor, sin pruebas válidas. Las condiciones carcelarias son pésimas, y los derechos de los familiares a visitar los presos por lo general son violados. Persiste la tortura y malos tratos, y el sistema judicial carece de independencia y eficiencia. Propongo que se constituya una Asociación de Familiares de Internos, para que forme parte de la Comisión de la Reforma Penitenciaria.

En consecuencia, no se garantizan los derechos humanos de los privados de libertad: ni alimentación, ni la salud, ni la vida, ni la justicia, existen presos que llevan muchos años sin ser juzgados, el hacinamiento es demencial, alguien denuncia estas injusticias.

Con respecto al CENSO PENITENCIARIO Y CRIMINOLOGICO, se puede invitar a los estudiantes de Derecho, Psicología, Trabajo Social, Sociología, Medicina, Nutrición; a los Colegios Profesionales para que convoquen a profesionales, a las organizaciones civiles, etc. para que coadyuven con dicha propuesta, lo que permitirá realizar una labor rápida, y obtener resultados para contar con un mayor conocimiento sobre la situación de los internos e internas recluidos en los diferentes penales del país, y de esta manera adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los presos. El Estado abonará un monto a quienes colaboren con el censo penitenciario y criminológico

LUIS CARLOS PATRONI

ASESOR & CONSULTOR

EN ASUNTOS LABORALES

Y SOCIALES